MANIFIESTO DE
BUENOS AIRES
Declaración
del Foro de Buenos Aires por la Justicia,
la Concordia y la Libertad
Los pueblos
hispanoamericanos han nacido unidos, con un común origen y participando de una
misma tradición cultural. Esta tradición de nuestras patrias tiene en sus
fundamentos la búsqueda de la justicia, la concordia y la libertad, sin las
cuales es imposible el logro del bien común.
Como es sabido,
desde la segunda mitad del siglo pasado nuestros pueblos han sufrido un feroz
ataque de la revolución armada de corte ideológico castro-comunista cuyo fin
era la destrucción de su tradición fundacional para reemplazarla por una
utopía. Con astucia y después de haber sido derrotados por las armas, los
enemigos de nuestros países han valorado la conveniencia de proseguir la
revolución, pero ahora por vías —aparentemente— incruentas, valiéndose de
instrumentos culturales, políticos y jurídicos para lograr sus espurios fines,
encaminándose a ellos sin titubear, proyectando sus aspiraciones
revolucionarias a través de estos refinados medios, atacando a los países de la
América hispana no solo ni principalmente desde fuera sino también por dentro
de sus “murallas”.
Después de la
caída del Muro de Berlín, grupos de tendencia progresista se unieron y
constituyeron el Foro de San Pablo, lo que les permitió no solo crecer en
tamaño y poder, sino incluso alcanzar muy importantes cargos públicos en
diversos países de la Región y en organismos supraestatales, adueñándose de algunos
de ellos. Esta unión pone de manifiesto la existencia de un proyecto
revolucionario que — astutamente— actúa de manera diversa en los distintos
países. En algunos lugares, la naturaleza ideológica de este proyecto se
despliega de un modo tal que se encuentra arraigada desde hace años a través de
gobiernos que apuntan al socialismo y plantean como norte y aliado fundamental
al gobierno cubano, aquel que desde la última mitad del siglo XX ha intentado
por diversos medios influenciar a las naciones hispanoamericanas para
“convertirlas” al comunismo. Precisamente, es signo de este avance el
surgimiento y consolidación en los últimos tiempos de estos gobiernos llamados
“populistas” –que no son sino verdaderos avances totalitarios, carentes de
auténtica legitimidad – con sus opresoras promesas de “liberación” de los más
pobres, quienes en la mayoría de los casos son engañados –explotándose sus
necesidades – y consiguientemente convertidos en “masa” para ser usados por
quienes detentan el poder.
Vencida por las
vías militares, la revolución ha procurado la humillación y el debilitamiento
de nuestros ejércitos, tanto por caminos económicos como ideológicos, negándose
la necesidad de las Fuerzas Armadas como órganos fundamentales para la
protección y supervivencia de toda entidad política autosuficiente, atacándolas
desde diversas perspectivas, en una venganza por las victorias del ayer,
desmoralizando a sus miembros, incluso corrompiendo a una importante cantidad
de ellos y cambiando sus funciones, para desviarlos del natural servicio a sus
Estados hacia otros fines.
En este camino
revolucionario, los derechos humanos —lejos de ser afirmados como facultades
propias de las personas para reclamar aquellas cosas que les son debidas en
justicia— son utilizados como fundamentos para la construcción de ideologías
que parcializan la realidad y atentan contra el bien común de nuestras patrias
y de la América hispana en su totalidad a través de la conformación de una
cierta comunidad ideológica. En este proceso tienen un rol de privilegio
organismos internacionales —principalmente de alcance continental— tales como
la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las que aplicando
estas ideologías —y en el caso de esta última, un activismo judicial inaudito—
actuando sus miembros como sacerdotes intérpretes de una religión civil ius
humanista, intentan imponer sus criterios a los pueblos americanos, soslayando
las soberanías estatales y las tradiciones patrias, y llegan al extremo de
arrogarse facultades penales, e incluso constituyentes, pretendiendo modificar
los preceptos de las cartas políticas de nuestros países. Así, la democracia ha
sido convertida en una máscara que oculta el dominio de una oligarquía inter y
supraestatal que ata a nuestros pueblos. Se afectan por ello los derechos de
nuestras comunidades políticas a encaminarse a su felicidad, el imprescriptible
derecho de los diversos países de esta parte del orbe a buscar su bien común
sin ataduras ni condicionamientos. Por esta ideología y estos criterios se
desconocen y falsean los deberes de justicia y se viola la legalidad,
resquebrajándose en muchos casos la concordia y ahogándose cada vez más las
legítimas libertades de las cuales debemos gozar quienes pretendemos convivir
en comunidades auténticamente republicanas, llegándose a usar cotidianamente a
los poderes públicos estatales como factores de opresión a estas legítimas
libertades.
Muestra eminente
de esta opresión son los procesos judiciales que — vulnerando las más
elementales garantías constitucionales y convencionales en materia penal— están
siendo llevados a cabo en algunos países de la Región contra miles de personas
por haber participado en la defensa de nuestras patrias contra el terrorismo
guerrillero durante las últimas décadas del siglo pasado y —en algunos lugares—
aún hoy. Se trata de procesos judiciales promovidos inicialmente contra
personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero
progresivamente extendidos a funcionarios civiles, periodistas, empresarios y
demás en auténticas persecuciones que van tomando carácter de “políticas de
Estado”, en abierta contradicción con normas constitucionales y legales y de
convenios internacionales en materia de derechos humanos, procesos que
siguen criterios diversos a los aplicados al resto de los ciudadanos, en
manifiesta violación al principio de igualdad ante la ley,
institucionalizándose de este modo la injusticia y la opresión.
El ataque a
nuestras patrias se materializa también a través de alteraciones cuidadosamente
preparadas de la cultura, la historia y el lenguaje. A través de los medios de
comunicación y de los agentes educativos se introducen neologismos y se van
configurando ciertos usos idiomáticos que resultan instrumentales a los fines
del proceso revolucionario. El falseamiento de la realidad histórica y actual,
con el objetivo de ajustar los hechos a las conveniencias ideológicas, es otro
hito fundamental en esta empresa demoledora de nuestras raíces.
Somos conscientes
de que el vicio y el error se multiplican con facilidad. Entre los gravísimos
efectos de esta crisis encontramos la propagación del narcotráfico, del narcoterrorismo,
de la trata de personas y de la corrupción generalizada. Las
persecuciones que se llevan a cabo contra algunos sectores de nuestros pueblos
pronto se extenderán y avanzarán sobre otros hasta ahora indemnes. Es por ello
que no podemos mantenernos inactivos frente a las numerosas injusticias que se
llevan a cabo día a día en este marco de enfermedad social, una misma
enfermedad con diversos estadios y síntomas, que varían de acuerdo a los
diferentes países.
Felizmente,
existen acciones y perspectivas de resistencia que obstaculizan el
triunfo total de este nefasto proyecto. Los patriotas de Hispanoamérica,
víctimas de esta opresión, no dejan de intentar caminos para liberarse de ella,
a través de protestas públicas, denuncias ante foros locales e internacionales,
intervenciones en aquellos medios de comunicación que no han sido absolutamente
captados por el enemigo, en las “redes sociales” de internet y en todos
aquellos espacios en los que se les permite difundir sus mensajes.
Ante la
existencia de esta situación crítica, fomentada por una comunidad ideológica
que supera las fronteras de nuestros Estados, congregando a buena parte de los
enemigos de nuestras patrias, hemos tomado conciencia de la necesidad de
unirnos para resistir con fortaleza y actuar con constancia y determinación
para lograr el restablecimiento de la justicia, con base en la recuperación de
la concordia, en un marco de libertad, bienes sin los cuales corremos hacia el
abismo. La justicia, porque es prioritaria la vigencia de la legalidad y la
realización de la equidad, sin las cuales sería iluso pensar en el éxito de los
sistemas republicanos. La concordia, entendida como una amistad política, como
un querer común de aquellos elementos necesarios para la subsistencia de la
vida social, sin cuya existencia nuestras comunidades políticas se disolverían,
a falta del mínimo presupuesto de la convivencia para albergar esperanzas de
apuntar al logro del bien común de nuestros pueblos. Y la libertad, que es
requerida para que dichos pueblos y los hombres que los integran puedan
ordenarse a alcanzar sus potencialidades, en dirección a la felicidad tanto
individual como política y social.
No buscamos una
empresa “internacionalista” sino una cooperación cimentada en una convergencia
de aquellos que reconocemos una amenaza y un problema común, ya que juntos
podemos luchar de manera mucho más eficaz. Es el momento del combate codo a
codo, de decidirnos a cooperar por el bien de nuestras patrias. Es preciso
llevar a cabo, entonces, una acción mancomunada en los campos de la cultura, de
la política, del derecho y de la educación en pos del futuro de nuestros países
como comunidades políticas, por su misma existencia como entidades
independientes y soberanas. Es imperioso evitar que el resentimiento de unos
pocos y el falseamiento de la historia dividan y enfrenten definitivamente a
nuestros pueblos, impidiéndoles encontrar el camino de armonía y concordia que
sus mayorías reclaman. Es el deber de la hora y no podemos postergarlo, por
nosotros, por los que han muerto, y por los que no han nacido todavía.
Por ello,
asumiendo los deberes de patriotismo, coraje y solidaridad que nos son exigidos
en este momento y sobre los que se nos pedirá cuenta, constituimos el Foro de
Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la Libertad, invitando a todos los
patriotas de la América hispana a sumarse a esta iniciativa.
Buenos
Aires, 20 de agosto de 2014.
Fuente: Recibido por correo electrónico de la
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordancia
