EL "NUNCA MÁS" CUMPLE TRES
DÉCADAS
El informe que fundó la
democracia
El 20 de
septiembre de 1984, el terrorismo de Estado quedaba expuesto con la entrega del
informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El
estremecedor documento, recibido por Raúl Alfonsín, resultó vital para el
posterior juicio a las juntas, pese a que la maquinaria que había llevado a
cabo los crímenes seguía activa para ocultar las pruebas. Cumple tres décadas
un hito en la vida democrática, no exento de polémicas.
Por: Juan Pablo Csipka
"Nunca antes se había retratado a la Argentina sometida en forma tan global e impresionante". La frase de Horacio Verbitsky, en su libro "Civiles y militares", grafica el impacto del histórico 20 de septiembre de 1984, cuando la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) entregó su informe al presidente Raúl Alfonsín. El terrorismo de Estado quedaba radiografiado de una vez y para siempre, con el espeluznante recuento de más de 300 centros clandestinos de detención y un saldo de 8.961 personas desaparecidas (aunque los organismos de derechos humanos estiman la cifra en 30 mil y se comprobaron nuevos casos en los años posteriores). La mitad de los desaparecidos eran obreros y estudiantes, y casi un 60 por ciento de las víctimas tenía entre 21 y 30 años.
Si la historia de los dos primeros años
de democracia es la del camino hacia la sentencia de la Cámara Federal en la
causa 13 contra las juntas militares, los nueve meses iniciales de ese
recorrido están marcados por la Conadep, creada por el decreto 187 de Alfonsín
el 15 de diciembre de 1983, y cuyo informe (la entrega fue acompañada por una
manifestación multitudinaria de 70 mil personas) sería determinante para
querellar a los comandantes.
Al mismo tiempo, el Presidente apostaba
a la "autodepuración" de los militares vía el Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas. Alfonsín ya había esgrimido en la campaña la idea de los tres
niveles de responsabilidad en la represión ilegal: los que habían dado las
órdenes, los que se habían excedido y los que se limitaron a obedecer. El
presidente radical declaró la nulidad de la autoamnistía sancionada por la
dictadura en retirada (el derrotado candidato peronista, Ítalo Luder, la
había considerado válida) y, merced a la ingeniería jurídica diseñada por Carlos
Nino y Jaime Malamud Goti, se reformó el Código de Justicia Militar,
que convirtió a la Cámara Federal en tribunal de apelación por fuera de la
órbita militar y con potestad para hacerse cargo de las actuaciones si el
Consejo Supremo dilataba su accionar.
En rigor, el Consejo comenzó su labor
casi al mismo tiempo que la Conadep, merced al Decreto 158, que ordenó el
juzgamiento de los nueve comandantes. Y la terminó una semana después de la
entrega del informe a Alfonsín, con conclusiones totalmente distintas:
reconocía como "inobjetables" directivas, órdenes y decretos emanados
desde la superioridad y recomendaba investigar "los hechos cometidos por
las presuntas víctimas". Lisa y llanamente: se reivindicaba la represión
clandestina. Alejandro Agustín Lanusse, crítico del Proceso y testigo en
el juicio a las juntas, lo dejó asentado en sus memorias: "Los
defensores de la represión tal como fue no comprenden que, al justificar el
accionar de los grupos de tareas, justifican la quiebra de la cadena de mandos,
el fin de la disciplina militar. Es decir, la destrucción de las Fuerzas
Armadas".
Daniel Salvador, dirigente de
larga data en el radicalismo, fue citado por Alfonsín un día de noviembre del
83 al hotel Panamericano, mientras se armaba el futuro gabinete. Allí le
ofreció ser parte de una comisión de notables. "Todos los que estuvimos
en la Conadep fuimos convocados personalmente por Alfonsín", recuerda
hoy. "Ya se hablaba de armar una comisión bicameral en el Congreso, que
era la idea compartida por los organismos de derechos humanos. Cuando se armó
la Conadep, se invitó al Congreso a enviar legisladores".
El PJ, que en la campaña de Ítalo Luder
sostenía la legalidad de la autoamnistía, no se sumó.
Los organismos preferían la bicameral.
"Una comisión del Congreso hubiera tenido poder de policía, la potestad
de hacer allanamientos", considera Osvaldo Barros, de la
Asociación de ex Detenidos Desaparecidos.
La UCR mandó a tres diputados. Se dio la
primera reunión de la comisión en pleno, el 22 de diciembre, y allí fue
nombrado Ernesto Sabato como presidente. Entre otros notables estaban Magdalena
Ruiz Guiñazú, Gregorio Klimovsky, Eduardo Rabossi, el rabino Marshall
Meyer, el obispo Jaime de Nevares y el obispo metodista Carlos
Gattinoni.
Se establecieron cinco secretarías para
el acopio de testimonios e información. Allí se ubicaron, entre otros, Graciela
Fernández Meijide y Salvador. Éste recuerda que "se trabajó en
el Centro Cultural General San Martín, comenzamos en una oficina y luego
pasamos a ocupar todo un piso". Los secretarios vivían el día a día y
confrontaban con los testimonios.
"Nos encontramos con cosas muy
duras. No sólo con el relato de los secuestros y las torturas. Comenzaron a
aparecer testimonios sobre robos de bienes y los bebés nacidos en cautiverio".
Algunos empleados del Ministerio del Interior no resistieron la experiencia y
fueron reemplazados por gente ligada a los organismos de derechos humanos, que
ya habían acopiado información en los años previos. Los seis meses de trabajo
estipulados por el Decreto 187 se terminaron estirando otros 90 días hasta la
entrega del material.
Sigue Salvador: "El paso
siguiente fue recorrer los lugares denunciados como centros clandestinos de
detención. El Ministerio de Defensa dio instrucciones para que nos dieran
facilidades, pero los militares nos ponían trabas. En muchas dependencias
pedían orden judicial para entrar, llegábamos al mediodía y hasta la noche no
nos dejaban pasar. Estábamos investigando a los que recién habían entregado el
poder; eran lugares con camaradas de los que iban a ser juzgados, e incluso los
acusados aún estaban en servicio". El dirigente radical resalta que Raúl
Borrás, como ministro de Defensa, "fue una pieza clave" dentro de
la estrategia inicial del alfonsinismo. El ministro, una de las espadas del
Movimiento de Renovación y Cambio, sucumbió a un cáncer al mes de iniciado el
juicio a las juntas.
La labor de la comisión coincidió con
los primeros grandes roces entre el Gobierno y los militares. El otoño del 84
fue particularmente tenso, con el primer incidente serio desde la vuelta de la
democracia. El juez cordobés Julio Rodríguez Villafañe dictó prisión
preventiva a dos oficiales del Tercer Cuerpo, y sus compañeros de armas se
amotinaron con la venia de su comandante, el general Pedro Mansilla.
Borrás instruyó al jefe del Ejército, general Jorge Arguindegui, para
que intimara a Mansilla, quien se negó a obedecer. Alfonsín ordenó el pase a
retiro de ambos militares. Arguindegui fue reemplazado por el general Ricardo
Pianta. A las pocas semanas, el consejo objetó la investigación de la
Justicia federal de Córdoba. Borrás viajó a La Docta, habló con el juez Gustavo
Becerra Ferrer y éste se declaró incompetente. Casi tres años más tarde,
esa causa se reactivaría con la citación del mayor Ernesto Barreiro
(procesado por Becerra Ferrer en el 84), desencadenando el alzamiento de Semana
Santa.
Una de las últimas medidas de Mansilla
antes de su pase a retiro fue negar el acceso de la Conadep a las instalaciones
del Tercer Cuerpo, lo que derivó en la queja personal de Sabato ante Alfonsín.
"Recuerdo la visita a Olavarría, un día de tormenta. Nos tuvieron
esperando hasta la noche y nos recibieron con armas en el escritorio",
rememora Salvador. "También fuimos a comisarías que habían tenido
modificaciones edilicias y hubo que pedir la ayuda de arquitectos, porque
teníamos testimonios sobre cómo eran los lugares y surgían diferencias porque
habían tirado una pared o cambiado la cerámica".
Barros, secuestrado en la ESMA entre
1979 y 1980, coincide sobre el clima que se percibía. "Yo no declaré
ante la Conadep por desconfianza; todo el aparato represivo estaba suelto.
Declaré en el juicio del 85 y en las gradas estaban los marinos vociferando".
El pico de tensión llegó la noche del 4
de julio, cuando por la pantalla de Canal 13 se vio el programa especial
"Nunca Más", con testimonios de sobrevivientes de los campos, como Adriana
Calvo; y de familiares, como Estela de Carlotto y Chicha Mariani,
quienes hablaron de sus nietos nacidos en cautiverio. "Magdalena (Ruiz
Guiñazú) tuvo mucho que ver en el armado de ese programa; se invitó a
participar a quienes habían dado testimonio. Ya veníamos con amenazas,
microfilmando los legajos y llevándolos al Banco Nación. Nosotros queríamos que
la gente tuviese conciencia de lo que había pasado, que se rompiesen
barreras", precisa Salvador sobre lo que implicó el programa.
En la previa, los militares hicieron
llegar al Gobierno su disconformidad por la emisión (casi a la misma hora caía
el general Arguindegui). En "La historia política del Nunca Más", Emilio
Crenzel aduce que "Alfonsín discutió con sus colaboradores si emitirlo
con el costo de irritar a los militares o prohibirlo, pese a que ya estaba
anunciado, y enfrentar el escándalo público". Gerardo Taratuto,
abogado y dramaturgo, colaboró con Ruiz Guiñazú en el armado. Según él, narra
Crenzel, el nombre "Nunca Más" fue idea de la periodista y Sabato
amenazó con dar un portazo si se prohibía la emisión.
Para atenuar los ánimos, el ministro del
Interior terminó hablando a manera de prólogo al comenzar el envío. Así, Antonio
Tróccoli cargó las tintas en la guerrilla como iniciadora de la violencia
de los 70, aliviando las críticas castrenses y sumando más polémica a algo que
quedaría de manifiesto tras el 20 de septiembre: la teoría de los dos
demonios.
El punto de arranque de la polémica fue
el Decreto 157, firmado a la par del 158, que instruyó al procurador general de
la Nación para actuar penalmente contra las cúpulas guerrilleras. En su libro
"La casa está en orden", Horacio Jaunarena (funcionario de
Defensa durante todo el alfonsinismo, llegando a ser ministro), niega la
equiparación entre las organizaciones irregulares y las Fuerzas Armadas:
"En ningún momento se puso en duda que el terrorismo de Estado fue mucho
más grave que el terrorismo de orientación política que se practicó en nuestro
país".
Para Salvador, "la teoría de los
dos demonios la habían desarrollado los militares para justificar la represión.
Nunca se equiparó a la guerrilla con los militares, es una distorsión total ver
el trabajo de la Conadep desde esa óptica".
"Ya con la firma de los decretos
de diciembre del 83 se planta la idea de los dos demonios y eso se ve en el
prólogo del informe. Quisimos cambiar ese prólogo por uno redactado por los
organismos cuando el libro era un best seller, y no nos dejaron",
aduce Barros.
Como fuese, la polémica quedó instalada
con la publicación del "Nunca Más". El prólogo, consensuado por los
integrantes, y al que le dio forma Sabato, arranca diciendo: "Durante la
década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto
desde la extrema derecha como de la extrema izquierda", para luego agregar
que, "a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron
con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de
marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto,
secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos". Es lo que
califica como "metodología del terror planificada por los altos
mandos".
En "Por algo fue", texto anexo
a "Las dictaduras argentinas" (Alejandro Horowicz, 2012), Elsa
Drucaroff desglosó el prólogo del "Nunca Más": "El texto
postula así un terror que convulsionó versus un terror planificado; un terror
autónomo que llegó de zonas extremas a enfermar, a convulsionar, acorde con la
irracionalidad y el desorden que instala la enfermedad (convulsiones), como
metáfora biomédica, versus un terror con sujeto planificador, frío, racional y
autoritario. El primer terror convocó al segundo. El segundo es infinitamente
peor.
Si el primero remite a la metáfora
biomédica de las convulsiones (un desorden de la naturaleza, de la materia), el
segundo apunta a la metáfora teológica del Infierno (el Mal, instalado ahora en
el territorio metafísico)". Efectivamente, el prólogo usa reiteradamente
figuras como "tecnología del infierno" y llega a aludir al
"Abandonad toda esperanza, los que entráis", de Dante, para referirse
a los campos de concentración.
Agrega Drucaroff: "En la 'teoría'
de los dos demonios resuena el 'todos los extremos son malos', 'los extremos se
tocan', etc. Desde esta ecuanimidad neutral y serena el prólogo plantea que los
dos 'extremos' fueron demonios. Subyace aquí una presuposición: el bando
subversivo debía ser derrotado, como todo demonio; el problema era cómo. Si el
prólogo sostiene que 'en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de
seres humanos' desaparecieron, no se priva de dejar claro, en otro lugar, que
'la seguridad nacional' estaba efectivamente en peligro. Y sin duda estaba en
peligro lo que el bloque capitalista entiende por 'seguridad nacional'".
Durante el kirchnerismo se agregó otro
prólogo, que niega toda equiparación: "Es preciso dejar claramente
establecido, porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes,
que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte
de juego de violencias contrapuestas como si fuera posible buscar una simetría
justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines
propios de la Nación y del Estado, que son irrenunciables".
Sabato reivindicó siempre la labor de la
Conadep. Conviene detenerse en sus apreciaciones de 1995, al responder por
escrito un cuestionario de La Maga, en el cual ponderó la política inicial de
Alfonsín hasta que decidió "el malhadado Punto Final": "Cuando
entregamos las cincuenta mil y pico de páginas sobre los hechos que pudimos
verificar en la Conadep, hubo gente de la extrema izquierda que nos acusó de
negarnos a dar el nombre de los culpables, olvidando un pequeño detalle:
nosotros no éramos un tribunal judicial -habría sido una violación inadmisible
de la Constitución-, sino un organismo creado para investigar y documentar los
hechos, en la medida de nuestras posibilidades, ya que hasta edificios enteros
fueron destruidos por las Fuerzas Armadas".
Justamente, el Decreto 187, que dio
origen a la comisión, estipulaba que debía abstenerse de "emitir juicios
sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder
Judicial". Con todo, la Conadep formó una lista de casi 1.500 represores
entre miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, del Poder Judicial, de la
Iglesia y médicos.
Sabato no se había caracterizado por su
denuncia de la dictadura, sino desde 1980, cuando firmó junto a Jorge Luis
Borges una solicitada por los desaparecidos. En declaraciones a Le Monde
recogidas por Clarín el día de la final del Mundial 78 (según consignan Eduardo
Blaustein y Martín Zubieta en "Decíamos ayer. La prensa
argentina bajo el Proceso") aseguró que "boicotear el Mundial no sólo
hubiera sido boicotear al Gobierno, sino también al pueblo de la Argentina, que
de veras no se lo merece". También, que se sentía "hondamente
angustiado por la tragedia que se vivió en estos últimos diez años".
Con todo, recién instalado el régimen,
Sabato y Borges habían almorzado con Jorge Rafael Videla, acompañados
por Leonardo Castellani y Esteban Ratti, y en la conversación
salieron los nombres de Haroldo Conti y Antonio Di Benedetto,
secuestrados en las semanas previas. Conti sigue desaparecido. El autor de
"Zama" partió a España y en 1983 dedicó sus "Cuentos del
exilio" "al Premio Nobel de Literatura Heinrich Böll y al gran
escritor argentino Ernesto Sabato, que bregaron por mi libertad en altas
instancias".
Borges, el otro contertulio de renombre
en el almuerzo con el dictador, declaró a la revista Gente, entregado ya el
informe a Alfonsín, que había hablado con Sabato. "Me ha dicho que se
siente muy cansado. Lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué se ha resignado
a estas revisaciones, probando culpas. Yo sé que alguien tiene que hacerlo.
Pero prefiero que lo hagan otros. Yo quisiera saber por qué él se ha resignado.
(...) A él lo conoce el doctor Alfonsín y por lo tanto puede pedirle algo. Yo,
en cambio, hablé con él tres o cuatro minutos y no puede pedirme nada. Sí...
ellos son amigos, así que es otra cosa. Además, le repito, alguien tiene que
hacerlo".
La confirmación de las atrocidades de la
dictadura y la exasperante lentitud del Consejo Supremo dieron por tierra con
la idea original de Alfonsín de que se produjese la "autodepuración".
La Cámara Federal se abocó y la causa quedó en la esfera de la Justicia ordinaria.
El juicio a las juntas tomaba forma y el corpus documental de la Conadep era
decisivo. En el medio, el libro editado por Eudeba en el verano del 85 agotaba
ediciones, y se creaba la Subsecretaría de Derechos Humanos, con Eduardo
Rabossi como primer titular.
"La investigación de la Conadep y
su informe público fueron el resultado de la conformación de una alianza tácita
entre la mayoría de los organismos de derechos humanos y la conducción del
Estado que se tradujo en un proceso de legitimación recíproca entre la
comisión, los organismos, los familiares y los sobrevivientes", resume
Crenzel en su libro, y agrega que "otorgó a los organismos, a los
familiares y a los sobrevivientes una legitimidad pública inédita, en especial
al asignarles un rol protagónico en el programa televisivo que adelantó sus
conclusiones, al darles la autoridad para decidir el destino judicial que
tendrían sus testimonios y al invitarlos a proponer sus ideas sobre las
recomendaciones que debería incluir su informe final".
Barros considera que "tuvo el valor
de poner a la luz la dimensión de lo ocurrido en la dictadura, aunque acotada
en esos términos, porque con la bicameral se podría haber investigado a fondo.
Aun así, el informe fue un cimbronazo para toda la sociedad".
Salvador considera que "Alfonsín
se sustentaba en dos ideas centrales. Una era saber toda la verdad sobre lo que
había pasado, para lo cual creó la Conadep. La otra era lograr la máxima
justicia posible en un país con la democracia recién reinstaurada, cuando el
Proceso aún estaba infiltrado en muchos ámbitos. La Conadep tuvo dos grandes
aportes: ser la base procesal de la acusación en el juicio a las juntas, como
admitió Strassera; y, más trascendente, diría, lograr un vínculo con la
sociedad, que se tomase conciencia de lo ocurrido. El 'Nunca Más' es la condena
moral del pueblo argentino al terrorismo de Estado.
Fuente: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=759157
